27-F: El pueblo fue la víctima de la represión de CAP (+4 millones de balas fueron disparadas)
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Publicado: 27/02/2021 06:00 AM
Hace 32 años la víctima de la represión volvió a ser el pueblo, quien por primera vez se atrevió a salir de manera masiva a las calles a protestar contra las medidas neoliberales aplicadas por el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez (CAP), que comprendía entre otras acciones, un incremento de las tarifas de servicios públicos como teléfono, electricidad, agua y gas, medidas que fueron recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El régimen respondió torturando, asesinando y disparando más de 4 millones de balas.
¿Cuál fue el detonante de esta manifestación, conocida como Caracazo, en unos hechos que se extendieron hasta los primeros días del mes de marzo de ese año?
El 16 de febrero de 1989, 14 días después de tomar posesión como presidente de la República, por segunda vez, CAP, presentó públicamente un programa de ajuste macroeconómico, conocido popularmente como “paquete económico” o “paquetazo”, que abarcaba aplicación de diversas medidas inmediatas y otras en plazos relativamente breves.
Entre los anuncios hecho por el entonces jefe de Estado, dirigente de Acción Democrática (AD), se encontraba la decisión de acudir al FMI y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares en los tres años siguientes. También contemplaba “la privatización de las empresas no estratégicas en manos del Estado”. Así lo indica el libro Cronología de una implosión.
Todo comenzó en Guarenas
Todo comenzó en Guarenas, estado Miranda, donde tuvo lugar una protesta espontánea cuando los usuarios de esa ruta interurbana fueron sorprendidos con un alza de las tarifas del pasaje, que de forma arbitraria superó el 100%. Sumado a ello estuvo el desconocimiento del beneficio estudiantil, que implicaba pagar solo la mitad del pasaje, refiere citado libro.
Aquella manifestación dejó como saldo vehículos incendiados, centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos, informó ese día diversos noticieros de televisión, y cuyo reporte se puede ver en la red youtube.
Los medios de comunicación realizaron una amplia cobertura de los hechos y fueron responsabilizados de causar un “efecto dominó”, refirió el libro Cronología de una Implosión.
La protesta se propagó de forma inmediata hacia zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, El Valle, Nuevo Circo, La Hoyada, Catia y en La Guaira (estado Vargas), Maracay (Aragua), Valencia (Carabobo), Barquisimeto (Lara), Mérida (Mérida), Barcelona (Anzoátegui) y Ciudad Guayana (Bolívar).
Aquel estallido social se caracterizó por la espontaneidad. Sus acciones no tuvieron un liderazgo visible, ni fueron organizadas por partido o grupo político alguno, refiere el libro.
A medida que pasaba la tarde, aumentaba el número de personas que salían de sus casas espontáneamente para protestar. Todos los comercios cerraron sus puertas. En varios puntos de Caracas se reportaban saqueos a supermercados.
La situación se agudizó con la quema de autobuses. En horas de la tarde, la Policía Metropolitana (PM) recibió instrucciones de reprimir, recordó en el 2013, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a través de su página web.
CAP y el Plan Ávila
En la madrugada del 28 de febrero, CAP reunido en Consejo de Ministros decidió ejecutar el Plan Ávila que facultaba a la Guardia Nacional y el Ejército acabar con cualquier revuelta. La responsabilidad de la operación recayó sobre el Comando Estratégico del Ejército (EJ) bajo la dirección del general (Ej) Manuel Heinz Azpúrua, apoyado por el Regional 5 de la GN, Freddy Maya Cardona, la PM, la DISIP y la DIM, organismos de seguridad, explica el mencionado texto.
En horas de la tarde, el Presidente invocó en Cadena de Radio y Televisión el decreto número 49, que establecía el toque de queda y la suspensión de las garantías.
El entonces ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro, leyó ese día el decreto señalado, en vista de que el ministro del Interior, Alejandro Izaguirre no logró hacerlo durante una transmisión en vivo, presa de los nervios.
Los derechos a la libertad de expresión, libertad individual, individual de domicilio, derecho a la reunión y a la manifestación pacífica fueron suspendidos.
A partir de allí arreció la represión de los cuerpos de seguridad contra el pueblo en zonas populares como Petare, La Vega, Catia, El Valle, entre otros, refieren diversos portales web.
Cuatro millones de balas disparadas
El 4 de marzo de 1989 el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez al justificar los acontecimientos se refirió al estallido social como un descontento de los pobres contra los ricos. “El estallido popular fue una lección de los pobres contra los ricos y no contra el gobierno”, dijo en declaraciones que reseña el libro Cronología de una Implosión.
Aquel año la revista SIC, del Centro Gumilla publicó lo siguiente: “Durante la semana del 27 el pueblo actuó desarmado. Para él la cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no solo los condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza. Los de arriba, sin embargo, a causa de su mala conciencia se vieron a sí mismos como los enemigos del pueblo y unos abandonaron inmediatamente el país o al menos pusieron a sus hijos a salvo y otros se aprestaron militarmente para la autodefensa”, dice el texto que en la actualidad puede ser leído en la página web http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC1989514_147-150.pdf
Agrega la publicación: “No hubo, claro está, ningún ataque del pueblo. El ataque vino por la acción combinada de la policía y el ejército y el enemigo fue el pueblo. Y los muertos fueron todos del pueblo. Se dispararon más de cuatro millones de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez. Era una acción punitiva contra enemigos, no un acto de disuasión dirigido a conciudadanos”.
Incluye el texto que el amedrentamiento contra el pueblo por parte del régimen de CAP estuvo acompañado de otras medidas: “la detención al amparo de la suspensión de garantías, de cuantas personas pudiera ser proclive de una conciencia no resignada o de acciones encaminadas a las organizaciones de base y a la cultura popular. Y sobre todo, el rencoroso allanamiento de viviendas para sacarles todo cuanto se habían llevado de establecimientos sin pagar en esos días y no pocas cosas que antes habían comprado. Se sabía que poco de eso llegaría a los comerciantes (el ejército declaró que lo incautado no alcanzaba los diez millones de bolívares). No importaba. Lo decisivo era quitárselo a los vencidos. Lograr que no tuvieran la experiencia de haber ganado una. Que esa semana se le clavara a fuego, no como el día en que se adueñaron de la calle y compraron sin pagar sino como las noches terribles e interminables en que llovían sin tregua las balas y se vivió agazapado en completa indefensión”.
El 27 de febrero de 1989 la víctima volvió a ser el pueblo. Según la cifra oficial emanada por el entonces gobierno Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 300 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Aunque aún no se conoce con exactitud la cantidad de personas asesinadas, diversas investigaciones y publicaciones aseveran que las víctimas ascendieron a más de 3 mil. El pueblo fue el que recibió las balas que fueron disparadas por órdenes del régimen adeco. El pueblo fue quien recibió las torturas y atropellos, fue al pueblo a quien le violaron sus Derechos Humanos.
YULEIDYS HERNÁNDEZ TOLEDO