El secuestro de niños como política de guerra estadounidense: Los campos de concentración de japoneses
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Publicado: 18/07/2025 08:50 PM
La separación de familias es
una forma de agresión y propaganda fascista que utiliza EEUU para
socavar la dignidad de los países que no se someten a su política, usando
además una narrativa apoyada por los medios de comunicación para que las
personas que son objeto de estos actos, se consideren inferiores al resto del
mundo.
El secuestro de niños ha sido
una política de guerra recurrente usada por EEUU. Para sustentar esta
afirmación, traemos el caso ocurrido con los ciudadanos japoneses, cuando en
diciembre de 1941, la armada imperial del Japón atacó la base naval que EEUU
tenía en Pearl Harbor como parte de una estrategia para proteger su
expansión en Asia, neutralizar la interferencia de EEUU y asegurar el acceso a recursos naturales clave en el
sudeste asiático.
En una investigación realizada
por el periodista J. M. Sadurní, especialista en actualidad histórica sobre
la Segunda Guerra Mundial, detalló que “tras el ataque, todo lo
relacionado con Japón impactó profundamente a la sociedad
estadounidense. Ante esto, por cuestiones raciales, todos los ciudadanos
norteamericanos de origen japonés fueron arrestados y deportados a campos de
internamiento a lo largo de la toda la geografía de EEUU
entre los años 1942 y 1948”.
En la investigación, Sadurní
explicó que “el 8 de diciembre de 1941, el día después del ataque, y
coincidiendo con la declaración de hostilidades pronunciada por el entonces
presidente Franklin Delano Roosevelt, las autoridades decretaron las
primeras medidas en contra de los ciudadanos japoneses: Se emitió un Edicto
Presidencial cuyo contenido segregaba a los ciudadanos de origen japonés,
alemán o italiano del resto de la población autóctona. Las palabras del
presidente no dejaban lugar a dudas: Todos los ciudadanos, moradores o
sujetos de Japón, Alemania e Italia mayores de 14 años que estén en Estados
Unidos y no posean la nacionalidad, podrán ser apresados, retenidos, encerrados
o expulsados como extranjeros enemigos. Aquel decreto desencadenó un
torrente de odio racial que afectó a una ciudadanía muy impactada por el ataque
japonés a la base naval de Pearl Harbor. Un ejemplo de ello son las
declaraciones del gobernador de Idaho para la época, Chase Clark:
Los 'japos' viven como ratas, se crían como ratas y actúan como
ratas. Aquí no los queremos”.
A estas muestras de odio se sumaron
actos concretos, más allá del decreto; Sadurní comentó sobre la retirada
de productos fabricados en Japón y la tala de 3.000 cerezos sakura que
los ciudadanos de Tokio habían donado a la ciudad de Washington
en 1912, miembros de la Policía Federal
y del Ejército estadounidense obligaron a todos los ciudadanos japoneses a
registrarse siguiendo unos cánones raciales de segregación y las autoridades aceptaron
esas acciones alegando razones de "seguridad nacional".
La orden 9066
Luego de dos meses del ataque
japonés, el 12 de febrero de 1942, el Gobierno de EEUU aprobó la Orden
9066, según la cual todos los inmigrantes japoneses y la primera generación
de estos nacidos en Norteamérica serían deportados a unos campos de
internamiento que se dividirían en tres categorías:
- Campos de reunión bajo
responsabilidad del ejército estadounidense, donde se agruparía a los
prisioneros de manera provisional para a continuación ser trasladados a otro
destino.
- Campos de reubicación bajo el
control de la Autoridad de Reubicación de Guerra, donde vivirían los
deportados.
- Centros de detención bajo la
dirección del Servicio de Inmigración en los que recluiría a los japoneses no
nacionalizados, incluyendo también algunos alemanes e italianos.
Sobre esta orden, comentó Sadurní
que “sólo afectó a los residentes de California, Arizona, Oregón,
Washington y Alaska, pero no a los de otros estados como las
islas Hawái; debido a que la comunidad japonesa era el motor económico
de la región y detener a este colectivo hubiera significado colapsar la
maquinaria financiera de todo el archipiélago".
Luego de unos años se supo, a
través de unos documentos revelados que, para la concreción de la Orden 9066,
los campos de reubicación para americano-japoneses fueron un total de diez: Manzanar,
Tule Lake, Poston, Gila River, Topaz, Minidoka,
Granada, Heart Mountain, Rohwer y Jerome.
Los presos considerados potencialmente peligrosos fueron trasladados a otros
campos ubicados en Arizona y Moab, en el estado de Utah.
Aproximadamente fueron un total de 113.605 los ciudadanos japoneses deportados durante
la Guerra del Pacífico.
Las fotos de la vergüenza
Manzanar era
uno de los campos más conocidos. Este, a diferencia de otros levantados en
terrenos pantanosos, estaba situado en un terreno de la Sierra Nevada
de California. Era un lugar terriblemente duro, con temperaturas
extremas todo el año, en invierno el termómetro no subía de los cero grados y
en verano no bajaba de los cincuenta. La mitad de la población allí recluida
eran mujeres, un cuarto estaba formada por niños en edad escolar, también había
bebés y ancianos que apenas podían valerse por sí mismos.
Jeanne Wakatsuki Houston, una
mujer que vivió en el campo de Manzanar cuando era niña, cuenta que
"los internos con formación profesional encontraron trabajo en los campos
por medio de la Agencia de Reubicación de Guerra (WRA), y ganaban una
fracción mínima del salario que ganaba un civil blanco empleado.
Como una mutación del
concepto de esclavitud, los internos tenían permiso para trabajar fuera del
campo, sobre todo como mano de obra agrícola. Algunos de ellos lo hacían bajo
vigilancia armada, mientras otros contaban con cierta autonomía. Sin embargo,
todos debían llevar carnéts que les identificaran como prisioneros del
campo".
También, el fotógrafo
profesional, llamado Toyo Miyatake, documentó Manzanar en secreto
consiguiendo introducir una lente y un soporte en su interior para,
posteriormente, y con la ayuda de un carpintero, construir el resto de la
cámara. Miyatake fue descubierto y su cámara confiscada, pero el
director del campo le permitió seguir tomando fotos. Gracias a ello, el
fotógrafo pudo tomar unas 1.500 instantáneas, que documentaron la vida en el
campo, durante sus más de tres años en reclusión.
Separación familiar
"Disparen a quien
intente huir". Esa fue la orden que recibieron los soldados cuando
registraron algunos incidentes en los campos debido a las malas condiciones de
vida imperantes. Allí, la tensión, la sospecha y la desesperación eran la
norma. El caso más grave fue un motín que tuvo lugar en el campo de Manzanar,
donde las tropas norteamericanas abrieron fuego contra los internos matando a
135 personas. A pesar de esto, y a medida que la guerra iba avanzando, el
Gobierno permitió que algunos de los internos se alistaran al ejército previa
firma de un documento de lealtad. En el campo de Manzanar se alistaron
174 hombres.
Al final de la Segunda
Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945, cuando los internos fueron
liberados, tan sólo quedaban familias rotas y en la ruina económica debido a la
pérdida de numerosos negocios y de tierras; ese fue el precio que tuvieron que
pagar estas personas por sus tres años de encierro.
Como compensación por las
pérdidas, las autoridades tan sólo entregaron a los reclusos 25 dólares y un
billete de tren. Muchos no pudieron retomar su vida anterior: sin medios para
subsistir y sin empleo, tuvieron que alojarse en refugios, albergues o
viviendas de protección oficial en ciudades alejadas de su hogar, donde
continuaron enfrentándose a actitudes racistas durante años. Fue hasta 1988, durante
la presidencia de Ronald Reagan, la Casa Blanca emitió un
comunicado oficial de disculpa a los estadounidenses de origen japonés.
“Nos marcaron la vida para
siempre por venganza y, 40 años después, recibimos una disculpa”, así lo
resumió Rick Noguchi, jefe de operaciones del Museo Nacional
Japonés-Americano, ubicado en el barrio Little Tokio en Los
Ángeles, que alberga una detallada exposición permanente sobre el
internamiento forzado de familias de sangre japonesa durante los años 40; esa
es la historia de las guerras estadounidenses, que además de bombas, misiles y
balas, destruyen las familias que trabajan y mueven su economía. Vergonzosamente, esta política fascista no es historia, no ha quedado atrás.
AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO