El negocio penitenciario estadounidense y los esclavos de las empresas privadas

Publicado: 25/04/2025 06:18 PM

La política penitenciaria de EEUU es un engranaje clave dentro de su sistema económico y en él los detenidos trabajan para corporaciones que facturan sumas millonarias. Las cárceles ocupan el tercer lugar como dadoras de mano de obra. Solo son superadas por la General Motors y Wall Mart.

Analistas de estas estadísticas hablan de esclavitud en el siglo XXI o cuanto menos de explotación, según el portal de investigación Global Research, la paga es de 0,23 centavos de dólar la hora; esto explica como EEUU alberga al 25% de los presos del planeta cuando la población de ese país apenas alcanza al 5% del total mundial.

Sobre este mismo tema, la BBC Mundo publicó un artículo en el que describió “lo que pasaba en el sistema penal de Ohio, donde había reclusos que debían entre 20 y 35 mil dólares por entrar y salir de prisión después de cometer delitos menores”.

Por supuesto, existe una empresa, que se creó en 1983, llamada Corrections Corporation of América (CCA), ahora conocida como CORECIVIC, la cual es la primera de las compañías creadas para administrar cárceles en EEUU. Según un artículo publicado por el escritor cubano Miguel Angel García Alzugaray, esta empresa tiene 66 prisiones, 91 mil detenidos y ganancias anuales de 1.700 millones de dólares. El GEO Group, la otra corporación que sobresale junto a CCA, posee 65 penales, 65.700 detenidos y gana 1.600 millones de dólares por año. Ambas empresas aumentaron sus ingresos un 46% entre 2014 y 2019.

Según el portal Global Research, “CCA y GEO Group no son las únicas que hacen negocios a expensas de los presos. Otras compañías tienen garantizado que los reclusos trabajen a tiempo completo, no pueden llegar tarde o faltar por problemas familiares. Si la paga les resulta insuficiente y se niegan a cumplir con su labor, los encierran en celdas de aislamiento. Resulta obvio que carecen de protección sindical, no cobran horas extras ni vacaciones, beneficios de salud o por la seguridad social. IBM, Motorola, Microsoft, Telecom y hasta la petrolera británica BP se valen de la mano de obra esclavizada. Fabrican gracias a ella distintos implementos de la industria en un amplio abanico de actividades”.

Además, el informe anual que difundió Human Rights Watch en 2017, “existen 2,3 millones de detenidos en EEUU, de esa cifra, 211 mil se encuentran en cárceles federales y el resto en prisiones estadales. Las cifras de presos en ese país superan con amplitud a las de China, Rusia y Brasil, que le siguen en orden y rondan entre los 600 y 700 mil cada uno. Comparadas las tasas de encarcelamiento, arrojan que por cada blanco hay cinco negros detenidos o dos latinos en esa misma proporción. A expensas de esa población penitenciaria, un grupo de corporaciones muy conocidas hacen negocios que todavía están lejos de alcanzar su techo”.

También, un estudio del Partido Laborista Progresista de EEUU sostiene que “la contratación privada de prisioneros para el trabajo fomenta incentivos para encarcelar a la gente. Las prisiones dependen de este ingreso y los accionistas corporativos que se lucran del trabajo de los prisioneros hacen lobby a favor de las sentencias más largas a fin de ampliar su fuerza laboral. El sistema se alimenta a sí mismo. Más de un centenar de cárceles privadas se extienden por todo el territorio estadounidense. En varias se les cobra la estadía diaria a los presos como si vivieran en un hotel”.

También sobre este negocio, el periodista Justin Rohrlich publicó un trabajo  muy ilustrativo en World in Review en el que detalló que “una de las grandes ganadoras de esta política es UNICOR (la ex Industrias de Prisiones Federales), esta corporación contrata el trabajo en las cárceles y tiene 110 fábricas en 79 penitenciarias; los presos producen, a cambio de centavos la hora, componentes para los aviones de combate F-15 de la McDonnell Douglas/Boeing, los F-16 de la General Dynamics/Lockheed Martin y los helicópteros Cobra de la Bell/Textron. También fabrican gafas de visión nocturna, chalecos antibalas, uniformes de camuflaje, equipos de radio y comunicación, sistemas de iluminación y componentes para cañones antiaéreos de 30 mm a 300 mm, rastreadores de minas terrestres y equipos electro-ópticos para el telémetro láser del vehículo Bradley de combate”.

Añadió Rohrlich que la trasnacional aeronáutica BAE Systems, es “el segundo mayor contratista militar del mundo, es uno de los principales clientes de UNICOR. De origen británico, pero con grandes negocios en EEUU, uno de sus principales productos han sido los misiles Patriot. Las prisiones estadounidenses les reportan ganancias a este tipo de compañías por unos 30 mil millones de dólares anuales”.

“Lo perverso del sistema es que estas operaciones comerciales se garantizan con la población carcelaria que cada estado les asegura a las empresas. En el caso de las prisiones privadas, deben alcanzar entre el 95% y el 100% de ocupación. Si eso no pasa, los gobiernos estadales deben indemnizarlas”, recalcó  Rohrlich y explicó además que “las cuotas de detenidos también alcanzan a los inmigrantes indocumentados, por una norma del Congreso, el Departamento de Seguridad Interna está obligado desde 2009 a garantizar 34 mil personas por noche en los centros de internamiento de extranjeros”.

Sobre esto, también denunció el político y empresario Conrad Black que “en las últimas dos décadas, el dinero que los estados gastan en las prisiones ha aumentado seis veces más que la tasa de gasto en educación superior. Nuestro país es, de norte a sur, un Estado carcelario”.

Reafirmando este argumento, el investigador mexicano Raúl Guillermo Benítez explicó en una entrevista ofrecida en 2022, que “las cárceles privadas en EEUU son "un gran negocio" que se nutre de violaciones a los derechos humanos de migrantes y minorías, a la vez que explica por qué ese país tiene la mayor población penal del mundo”.

Benítez afirmó que la privatización carcelaria estadounidense “corrompe la esencia del sistema penitenciario porque lo convierte en un negocio cuya rentabilidad radica en el número de presos. El gobierno le paga a los propietarios o gestores de las cárceles por cada recluso, lo que hace que, para las empresas vinculadas a la actividad, tener más presos signifique más ingresos”.

Benítez, desde su posición como académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que esa lógica económica se ve respaldada por lo que refirió como política de mano dura de EEUU, debido a que desde hace al menos 30 años los policías tienen incentivos para enviar más personas a prisión por delitos menores, en complicidad con fiscales y jueces. Esto enriquece a empresarios privados, que son los que rentan las cárceles o los que son dueños de las cárceles, y entonces se vuelve un gran negocio", destacó.

La edición más reciente de la base de datos del Instituto de Investigación de Política Criminal y Judicial (ICPR, por sus siglas en inglés) reafirma a EEUU  como el país con mayor población penal en términos absolutos y en proporción numérica, con más de dos millones de reclusos y 629 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

Según las denuncian de organizaciones y activistas, el elevado número de personas tras las rejas contribuye la criminalización de la migración, que hace que muchos migrantes sean detenidos en centros de detención operados por empresas privadas, donde se vulneran o limitan sus derechos humanos.

Benítez también consideró que “el crecimiento de la inmigración irregular hacia EEUU beneficia a los dueños de las cárceles privadas, porque reciben dinero por retener a los migrantes y los emplean como mano de obra extremadamente barata”.

GEO Group y CORECIVIC son las dos corporaciones de EEUU con más inversiones en las cárceles privadas. Sus ingresos combinados en 2024 rebasaron los 4.000 millones de dólares. Ambas son reconocidas donantes en las campañas de políticos, como la del presidente Donald Trump, y contratantes de firmas de lobby para cuidar sus intereses en las altas esferas del poder estadounidense.

"La ley les permite a los gobiernos locales rentar las cárceles a privados y contratarlos para que ellos sean los administradores. Esto es un círculo vicioso, porque muchos gobernantes se ponen en contacto con los dueños de estas empresas y tienen intereses pactados", dijo Benítez.

Es por esto que no se vislumbra un escenario distinto para las cárceles privadas en EEUU y las violaciones a los derechos humanos que propician, incluso este modelo penitenciario se ha ido expandiendo a otros países como El Salvador, en el que secuestran y deshumanizan a las personas para convertirlas en moneda transable, sin ningún pudor.

 

AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO