Daniel Noboa decreta un nuevo estado de excepción en Ecuador ante la persistente crisis de seguridad
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Foto: Internet
Publicado: 17/06/2026 11:11 AM
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó una nueva declaratoria de estado de excepción por grave conmoción interna con una vigencia de dos meses. Esta medida de urgencia, que entra en vigor apenas 16 días después de haber concluido el último periodo de restricción constitucional, evidencia la persistente inestabilidad que atraviesa el país.
A través de este decreto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quedan habilitadas legalmente para ejecutar operativos conjuntos destinados a contener y neutralizar la violencia delictiva en múltiples provincias.
Entre las disposiciones más drásticas del decreto se encuentra la suspensión temporal del derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que faculta a las fuerzas del orden a realizar allanamientos e inspecciones sin requerir autorización judicial previa ante sospechas de actividades ilícitas.
Esta restricción de derechos civiles se aplicará de forma focalizada en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Azuay y en localidades seleccionadas de Cotopaxi, Bolívar y Cañar.
La situación responde a una crisis profunda, donde Ecuador ha pasado de ser uno de los países más seguros de la región a registrar tasas de homicidios superiores a los 40 casos por cada 100 mil habitantes.
Esta espiral de violencia es impulsada principalmente por bandas criminales locales vinculadas a cárteles transnacionales de la droga de México y Colombia, quienes mantienen una guerra sangrienta por el control de las rutas de exportación de cocaína a través de puertos estratégicos del Pacífico, especialmente en Guayaquil.
Desde su llegada al poder, Noboa ha priorizado el uso de la fuerza militar y el estado de excepción como ejes centrales de su estrategia de seguridad. Mientras las autoridades despliegan sus operativos en las zonas bajo medida, el desafío para el Gobierno es demostrar la sostenibilidad de estas acciones frente a estructuras delictivas de alta capacidad adaptativa, en un escenario donde la ciudadanía espera resultados tangibles que permitan recuperar la paz y normalizar la vida cotidiana en el país andino.
REDACCIÓN MAZO