Venezuela exigió igualdad de trato ante la Corte Penal Internacional
Internet
Publicado: 27/05/2021 11:16 AM
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció declaraciones a la opinión pública para informar las acciones desarrolladas por el Ministerio Público ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El titular del ejercicio fiscal realizó un recuentro de las acciones desarrolladas por el Estado venezolano desde el año 2020, las cuales no han recibido respuesta por parte de la institución.
En ese sentido, recordó que el pasado 4 de noviembre del 2020 asistió, en compañía del defensor del pueblo Alfredo Ruiz, a una reunión con la fiscal de la CPI. Así mismo, indicó que se han entregado los documentos requeridos por esta institución internacional.
Saab refirió que basado en lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma se envió una nueva comunicación a la CPI para exigir “transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que hasta la fecha no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados”.
“La colaboración institucional debe ser bilateral y recíproca para dar una respuesta adecuada a lo que se nos requiere desde la Fiscalía. Por ello, solicitamos que se nos facilite dicha información como elemento indispensable para hacer productiva la complementariedad”, señaló.
El fiscal aseguró que “no atender esta justa petición es quebrantar la praxis que históricamente ha realizado esta institución, sometiendo a un trato desigual y excepcional a nuestro país, que, por su parte, está dando muestras de la más efectiva colaboración”.
El Ministerio Público de Venezuela también ha presentado ante la Sala de Cuestiones Preliminares una Solicitud de Control Judicial, para que esta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar y se corrija “l trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que, en el caso de Venezuela está siendo paradigmático”.
Precisó que esta solicitud se fundamenta en “un minucioso análisis de todos los casos que la Fiscalía de la CPI ha sometido a Examen Preliminar, que demuestra, sin paliativos, la actuación parcial e interesada que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela”.
El fiscal lamentó que Venezuela no haya recibido ni una sola visita, a pesar de que se ha reiterado en numerosas ocasiones nuestra voluntad de recibir al equipo de la Fiscalía de la CPI, y exigió que las motivaciones políticas no sean las que guíen a la CPI al momento de decidir.
La solicitud de Control Judicial pide a la Sala de Cuestiones Preliminares se pronuncie en tres asuntos esenciales: ¿Debe la Fiscalía de la CPI contestar al Estado y mantener una interlocución en el Examen Preliminar, estando obligada a establecer un diálogo constructivo con el Estado en el marco del principio de complementariedad para dar cumplimiento al art. 15 del Estatuto de Roma, máxime cuando está siendo solicitado y ofrecido por éste de forma permanente y desde el principio?, ¿Debe permitirse el acceso al material probatorio al Estado para garantizar el derecho a la defensa, el principio de contradicción y el control de pruebas, en el marco del art. 21.3 del Estatuto de Roma? Y ¿Puede la Fiscalía de la CPI basar sus consideraciones en un Examen Preliminar sobre documentación sustraída ilegalmente y aceptar fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno?
“Entendemos que las respuestas deben ser positivas en los dos primeros casos y negativa en el último (…) En definitiva, consideramos que la Fiscalía de la CPI debe informar plenamente sobre su posición con relación a la información suministrada por nuestro país y establecer, junto con este, una hoja de trabajo conjunto para sacar el máximo partido a la firme voluntad de colaboración que el Estado venezolano”, sentenció.