Pederastía bajo la sotana, una cruda realidad

Publicado: 27/01/2023 06:00 PM

Pareciera que más allá de intervenir y tomar partido por alguna tendencia política, los representantes de la Iglesia venezolana no asumen como parte de su trabajo cristiano la preservación de la familia, la formación de ciudadanos de fe, la atención a la cantidad de casos de pedofilia dentro de sus espacios. La discreción y el silencio casi sepulcral respecto a este problema, se torna cómplice, ya que una vez que salen a la luz, pagan penas risibles, para luego retomar su trabajo como sacerdotes.

El Papa Francisco considera que la pedofilia es "una lepra en nuestra casa", sin embargo poco se habla de los datos reales que en Venezuela existen al respecto, debido al nulo acceso a la información que sobre las acciones que ha realizado la Iglesia en nuestro país para evitar que siga ocurriendo se tiene. El sumo pontífice llamó a encontrar soluciones a la "monstruosidad" de los abusos a menores dentro de la institución.

A pesar de que hay denuncias de larga data, no es sino hasta mediados de 2022, cuando el diario The Washington Post  hizo un reportaje de investigación, que hubo un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

El reportaje de investigación llamado “En Venezuela, sacerdotes condenados por abuso han vuelto al Ministerio”, realizado por la periodista Ana Herrero en junio de 2022, explica que los miembros del clero que abusaron sexualmente de niños cumplieron poco o ningún tiempo de su sentencia en la cárcel. Los críticos señalan tanto a la Iglesia como al sistema judicial.

Para fundamentar esta afirmación, se detalla el testimonio de un hecho ocurrido en 2006, en el estado Lara, en el que un niño de seis años le dijo al sacerdote de su pueblo, el cura Luis Alberto Mosquera, que había decidido que quería ser  monaguillo.

Según el niño, el sacerdote le respondió: “Si quieres ser monaguillo, debes pasar una prueba”. Años más tarde, el testimonio del niño sobre aquella tarde en la casa parroquial resultaría crucial: un juzgado concluyó que Mosquera había abusado sexualmente de él.

Mosquera fue condenado en 2006 a más de siete años de prisión por abuso sexual contra un niño, pero no terminó su sentencia. Fue liberado después de dos años y regresó a la iglesia en el estado de Lara, donde todavía es sacerdote. Una foto publicada en su página de Facebook, lo muestra vestido con su sotana rodeado de niños.

El caso del clérigo de 63 años se encuentra entre los 10 que involucran denuncias de abuso sexual infantil revisados por The Washington Post en los últimos dos años en Venezuela. Este diario entrevistó a líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas, además de revisar documentos policiales y judiciales en los que encontraron que en la mitad de los casos datan de 2001 a 2022 y habían sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no pagaron prisión.

En al menos tres casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio. Los entrevistados señalan que hay un patrón que sugiere la colusión entre un sistema judicial corrupto y la Iglesia para proteger a los perpetradores en lugar de a las víctimas. El elemento común en los 10 casos: los niños involucrados procedían de entornos pobres y vulnerables.

Las acusaciones de abuso, por parte de sacerdotes, han sacudido a la Iglesia en América Latina en los últimos años. Las agresiones denunciadas en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú han arrojado condenas y renuncias en los más altos niveles de la institución.

Pero los indiciados en Venezuela han logrado escapar de la ola. “Se han pospuesto tantas cosas debido a la agitación social y política”, tema que no compete a la Iglesia, justificó en una entrevista David Smilde, sociólogo de la Universidad de Tulane cuya extensa investigación sobre el país se ha centrado, en parte, en la religión.

Para miembros del clero que han abusado de menores, el estatus de la Iglesia parece haberles brindado protección. Un sacerdote en Zulia, por ejemplo, no pasó tiempo en prisión a pesar de haber sido condenado por abuso sexual agravado en contra de una niña de 12 años. Un sacerdote del estado de Falcón se declaró culpable de cometer un acto carnal contra una joven de 14 años, pero se le concedió arresto domiciliario con la condición de que se mantuviera alejado de la víctima. Regresó a la iglesia, donde hoy continúa con su ministerio.

Para las víctimas de estos casos, la vida sigue siendo una lucha. Por lo general, tienen poco apoyo cuando intentan seguir adelante.

Desafiando el silencio 

Mosquera trabaja en el pueblo de Humocaro Alto, estado Lara. Ha sido asignado al menos a dos parroquias diferentes desde 1996, cuando un niño de 12 años lo acusó de intentar violarlo a punta de pistola, según los registros policiales;  finalmente fue absuelto de violación en grado de tentativa.

En enero, Mosquera confirmó a The Washington Post que sigue siendo un sacerdote activo, pero se negó a responder más preguntas. Esta situación no sorprende al abogado que representó al niño de seis años y que ayudó a que Mosquera fuera condenado: “La Iglesia realmente protegía al sacerdote. Le dieron todo el apoyo”, dijo el jurista Jorge Mendoza. Agregó que lo presionaron para que retrocediera: “El arzobispo de Barquisimeto, monseñor López Castillo, me dijo que me iban a excomulgar si seguía defendiendo al niño”.

El arzobispo murió el año pasado. El reverendo Oswaldo Araque, vicario general de Barquisimeto, declaró al diario estadounidense que la arquidiócesis está “atenta” para recibir y actuar sobre las acusaciones contra los sacerdotes. Cuando se le preguntó sobre la culpabilidad de la Iglesia al devolver al ministerio a un pedófilo convicto, comentó que investigaría si se le proporcionaban detalles. “¡El Estado también es responsable!”, dijo. “Lo dejaron ir”. El representante de la arquidiócesis nombrado por el Papa Francisco en 2018, el administrador apostólico, obispo Víctor Hugo Basabe, tampoco ha iniciado algún tipo de investigación respecto a este caso en particular, siguen corriendo la arruga ante semejantes hechos, calificados como “monstruosidad” por el pontífice.

“La CEV no respondió a solicitudes de entrevista” dijo la periodista Ana Herrero, quien aseguró, tanto en el trabajo como en sus redes sociales que la CEV, nunca respondió a sus solicitudes de entrevista. Añadió que “pese a que hay casos en al menos 11 estados del país entre sentencias condenatorias y denuncias de víctimas que, por miedo o por prescripción de su caso, nunca fueron al sistema”.

Sólo salen a la luz casos emblemáticos que son imposibles de callar, como el asesinato del sacerdote Jesús Manuel Rondón Molina, quien fue encontrado muerto el 22 de enero de 2020 en una zona boscosa de Rubio, en el estado Táchira.

Así lo presentó el periodista Héctor Pereira del diario La Vanguardia, quien explica el homicidio de un sacerdote a manos de un adolescente para librarse de los abusos sexuales que padecía.

El joven de 17 años, cuya identidad es protegida por las autoridades por tratarse de un menor, confesó haber asesinado a Rondón Molina ya que éste abusaba sexualmente de él desde hacía casi cuatro años. El Ministro de Interior, Justicia y Paz para el momento, Néstor Reverol, explicó que el cura "mantenía acosado y bajo amenaza" al adolescente, quien citó al religioso a una zona cerca de un convento donde lo estranguló dentro de un vehículo.

Sobre este caso, tampoco se conoció la posición de la CEV ante condena y prevención de este tipo de situaciones.

La posición de la Fiscalía 

La Fiscalía venezolana ha confirmado que el sacerdote, quien amenazaba al joven con violar a su hermano de diez años si oponía resistencia o lo denunciaba, abusó sexualmente de ambos.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció que su comportamiento fue reiterado y con conocimiento de sus superiores, por lo que aseguró tener pruebas de ello. Afirmó que Rondón Molina, tenía una "carrera letal" en contra de menores de edad, sin que las autoridades eclesiásticas lo pusieran a las órdenes de la justicia.

Añadió el fiscal que "las autoridades católicas, en vez de dedicarse a la política, (...) deberían hacer una campaña profiláctica para execrar de sus filas a estos sacerdotes que se dedican a esta aberrante actividad", manifestó en una declaración ofrecida a los medios de comunicación, que reiteró luego en sus redes sociales.

En agosto de 2022 el Ministerio Público imputó al sacerdote Nepomuceno Hernández, de la parroquia La Ermita, San Cristóbal, por abuso sexual contra menor. La víctima de 13 años de edad declaró que “el sacerdote, bajo los efectos del alcohol, la invitó a comer para luego agredirla sexualmente”.

El problema es preocupante. Una declaración presentada por el Papa Francisco en 2017 ante denuncias de varios países de Latinoamérica y Europa, expresó que “a lo largo de 70 años la actitud de la Iglesia podría resumirse como una actitud de ocultación, relativización o incluso negación, con un reconocimiento muy reciente que data de 2015, e incluso entonces, desigualmente aceptado por las diócesis y las instituciones religiosas", dijo el pontífice.

"Deseo expresar mi pena y mi dolor a las víctimas por el trauma que han sufrido y también mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza por la incapacidad demasiado larga de la Iglesia para ponerlas en el centro de su atención", añadió.

En diciembre de 2019 el Papa Francisco promulgó dos leyes que eliminan el secreto pontificio cuando se trate de abusos sexuales, para que nunca más ampararse en el silencio, sirva para esconder u obstaculizar la investigación de los casos de pederastia por parte del clero.

AMELYREN BASABE / REDACCIÓN MAZO