Justificación de cuentas de las ONG: La derecha se robó el dinero y violó leyes internacionales

Publicado: 28/02/2025 05:00 PM

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se han convertido en una herramienta para invadir países, con la excusa de contribuir a aliviar los problemas de servicios y desarrollo social en comunidades afectadas por la explotación extranjera de sus recursos. Es por medio de estas organizaciones que logran influir en las comunidades y de esta forma desequilibrar la región.

De acuerdo a la naturaleza de su creación, las ONG son organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que surgen a raíz de iniciativas civiles y populares y que por lo general están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en determinados espacios, comunidades, regiones o países.

Sin embargo, con el fin de evitar el desvío del uso de los recursos para otros fines, se han realizado estudios y creado entes que puedan regular las actividades de estas organizaciones, y sobre todo cuando quienes se encargan de solicitar los recursos, manejarlos y rendir cuentas, no cuentan con los principios mínimos que le permitan realizar de manera eficiente y transparencia. Así tenemos el caso de la desviación de fondos por parte de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, María Corina Machado, David Smolanski, Julio Borges, Leopoldo López, Roberto Marrero, Yon Goicoechea y Miguel Pizarro entre otros; que actualmente son investigados por el Buró Federal de Investigación (FBI) debido al fraude perpetrado a los fondos recibidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para ayuda humanitaria y la migración forzada de venezolanos. 

Según archivos revelados de la embajada de Venezuela en EEUU, el opositor y prófugo de la justicia, Carlos Vecchio, habría recibido 116 millones de dólares a través de la USAID. Estos fondos fueron entregados durante el supuesto gobierno interino de Guaidó por concepto de asistencia para ciudadanos en Venezuela, a quienes les llegaría por la vía de las ONG.

El uso de los recursos suministrados por las ONG para este tipo de ayudas debe justificarse; es decir, evidenciar si dichos dineros se usaron para lo solicitado, ya que hay muchos casos de desvío de los mismos, como el del supuesto gobierno interino de Guaidó, que luego se conoció que esas organizaciones pertenecen a otros políticos venezolanos y familiares que viven en el exterior. Los archivos revelados por la embajada detallan que la USAID firmó, en el año 2019, un acuerdo con  Vecchio como embajador en Washington, con el fin de recibir dinero para la ayuda humanitaria. 

Para conocer sobre esto, revisamos algunos estudios como el de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina, la cual publicó un artículo en su revista Escenarios llamado “Nuevas formas de intervención en la actualidad: Las ONG como estrategia”, de los investigadores Agustín Zuccaro y Mariana Santín. En él explicaron que éstas se presentan como una nueva forma de intromisión que encuentra su legitimidad en el terreno mediático: “Son los medios de comunicación los que dan visibilidad a estos nuevos actores y quienes promueven el valor desmedido para la gestión del conflicto social característico de cualquier sociedad. Son los grandes medios de información que exponen como válidas estas formas de participación, teniendo en cuenta que son aquellas en donde lo político pierde su significado (pobreza, salud, educación y alimentación)”.

Añaden los investigadores, que "son espacios donde se evita discutir lo histórico de esos problemas, para plantear que cada sujeto es artífice de su destino y en este sentido se pierde lo social y lo colectivo como valor, dando fuerza al proyecto político del capitalismo, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED)".

Una vez evaluado el funcionamiento de esas organizaciones en varios países del mundo y de acuerdo a denuncias revisadas, existen muchos casos donde se evidencia la injerencia de las ONG en las estructuras políticas del país en donde se encuentren y que además sirven para el lavado de dinero, financiar grupos terroristas o robarlos para beneficio propio. Es por esto, que se han creado instituciones nacionales, regionales e internacionales que permiten fiscalizar el uso de los recursos aportados para su funcionamiento.

                                                                                      

Estructuras para la fiscalización de los recursos administrados por las ONG

En primer lugar, se creó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Grupo Egmont, que es una entidad internacional con 150 países adscritos y se encarga de recibir los informes de sus miembros sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que proporcionan las instituciones financieras y otras entidades, analizarlos y transmitir tanto a las autoridades competentes, como al servicio de justicia a las UIF de otros países la información sobre esas operaciones, con el fin de cotejar, prevenir y combatir alguna actividad ilícita.

Como organización global, facilita e impulsa el intercambio de información, conocimiento y cooperación entre las UIF de los países que la componen. Proporciona una plataforma para intercambiar de forma segura conocimientos e inteligencia financiera.

Venezuela pertenece al Grupo Egmont a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) que procesa y analiza los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) remitidos por los distintos sujetos obligados designados por la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, con el fin de revelar al Ministerio Público (MP) y autoridades de orden, información que pueda evidenciar posibles hechos punibles y la identificación de sus autores, así como la información que requieran para realizar sus investigaciones.

De igual manera, en el ejercicio de sus funciones procesará y revelará información estratégica de utilidad para la oficina nacional contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, a entes y órganos de control y el cumplimiento de los fines del Estado en general.

Es por esto, que con el fin fortalecer el sistema de control del uso de los recursos y su desvío para actividades asociadas al terrorismo y blanqueo de capitales, se aprobó en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines, con el de objeto “promover y regular el régimen de la organización civil en Venezuela como una actividad privada de relevancia pública, regida por los principios del derecho venezolano. Para lo cual se establece un sistema uniforme para su creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo, así como para garantizar la transparencia en su manejo económico y financiero, incluyendo las fuentes de su financiamiento”.

Esa propuesta fue publicada en Gaceta Oficial Nro. 6.855 extraordinaria del 15 de noviembre de 2024, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, que tiene por objeto “establecer el régimen de constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, como formas asociativas orientadas a la participación corresponsable de la sociedad”.

Además, Venezuela es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) que es una organización regional de Estados y Territorios de la Cuenca del Caribe que han acordado poner en práctica medidas comunes contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo. Desde septiembre de 2001, el GAFIC ha profundizado su enfoque en la regulación de servicios financieros y organizaciones benéficas. Para ello, creó la Recomendación 8, en la que advertía a los países sobre la “vulnerabilidad particular” de las ONG de ser usadas indebidamente para recaudar, mover fondos o proporcionar apoyo a organizaciones terroristas. Asimismo, el GAFIC impulsa a los países a implementar mecanismos de supervisión y regulación con el claro objetivo de enfrentar actividades ilícitas.

La intención es entonces poder fiscalizar y hacer seguimiento al uso de los recursos destinados a las ONG para que realmente se cumpla con los preceptos descritos en sus objetivos y de esta manera, eliminar los desvíos de fondos para ser usados tanto en actividades de desestabilización, como en acciones terroristas dentro de nuestro país. 

AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO