Caso avión de Emtrasur: Secuestro flagrante por orden de EEUU
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Publicado: 08/08/2022 10:25 PM
Este lunes el presidente de la República Nicolás Maduro denunció el secuestro del avión venezolano propiedad de la empresa EMTRASUR filial de la estatal CONVIASA, por orden del Gobierno de los Estados Unidos.
Durante sus palabras el Mandatario cuestionó la ausencia de una intervención por parte del Gobierno argentino encabezado por su homólogo Alberto Fernández por lo que repudió esta acción la cual calificó de un secuestro enmarcado en las ilegales medidas unilaterales y coercitivas que promueve la Casa Blanca contra el país.
Ahora se nos quiere robar un avión en Argentina por una decisión de un tribunal de La Florida. ¿O sea que, a partir de ahora, un tribunal de La Florida o Nueva York decide quitarle un barco, un avión o cualquier propiedad a Venezuela o a cualquier país y puede hacerlo? ¿No hay dominio soberano? (...) ¿O es que en Argentina mandan los tribunales de Estados Unidos?", expresó.
Clamor nacional
Más temprano, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello hizo mención al caso señalando cómo principal responsable de esta acción ilegal al presidente argentino.
Crónica de un secuestro
El pasado 6 de junio procedente de México aterrizó en Argentina el avión de Emtrasur Cargo, un Boing 747 perteneciente a la recién creada empresa de transporte de carga, el cual luego de partir hacia Montevideo dos días después y serle revocado el acceso a Uruguay, debió retornar a territorio argentino encontrándose con que se había ordenado su retención.
La orden había sido dictada por el juez federal argentino Federico Villena, dándosele cumplimiento con el abordaje de la aeronave por parte de al menos 60 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) donde algunos ataviados de trajes tipo comandos y perros antidrogas requisaron la aeronave sin encontrar nada irregular.
A la par de la orden de retención del avión de Emtrasur, el juez Villena ordenó la confiscación de los pasaportes de todos los tripulantes compuestos por 14 venezolanos y 5 iraníes, así como de sus teléfonos celulares y tablets.
La detención está basada en la sospecha que a bordo de esta aeronave se encontraban ciudadanos iraníes como parte de la tripulación, argumentó el juez Villena .
Entretanto, las constantes revisiones al avión y el peritaje contra los objetos personales de los tripulantes que no han arrojado nada, son para “buscar documentos y rastros que puedan ayudar a determinar qué estaba haciendo la tripulación en Buenos Aires”.
Es así como sin acusación formal de algún delito, sin rastros de alguna actividad ilícita por parte de los tripulantes o la empresa, esta aeronave continúa retenida, al igual que su tripulación que sigue en Argentina a la espera de su libertad.
Orden de incautación
El Departamento de Justicia de EE.UU. transmitió el pasado 2 de agosto una solicitud a las autoridades argentinas para incautar el avión de carga Boeing 747-300, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires.
El texto indica que la solicitud se produjo luego de que se revelara una supuesta orden emitida por la corte de Distrito de Columbia el 19 de julio pasado.
La orden alega que el avión fue fabricado en EE.UU. y está supuestamente sujeto a decomiso en "base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de ese país" pues no autorizan la transferencia o venta desde la aerolínea iraní Mahan Air a la firma venezolana.
EEUU promotor de piratería
El avión de Emtrasur fue contratado por la autopartista Faurecia, proveedora de Volkswagen, para llevar repuestos y autopartes a Argentina desde la ciudad mexicana de Querétaro.
De acuerdo a las informaciones reseñadas por diversos medios, el FBI está detrás de esta acción contra la aeronave venezolana, debido a que habrían alertado a las autoridades argentinas sobre la supuesta presencia de un miembro de las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, que fueron declaradas por Estados Unidos como una organización terrorista.
Igualmente, la Oficina de Control Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) había incluido dentro de su larga lista de sancionados a la empresa Mahan Air de Irán, que antes de la venta a Venezuela, fungió como propietario de esta aeronave, hecho que significó la negativa de reabastecimiento de combustible en territorio argentino por temor a las represalias estadounidense.
Según el portal UN la evidente participación de Estados Unidos en la retención de esta aeronave, quedó revelada tras la solicitud de la fiscal Cecilia Incardona al FBI y la AFI argentina, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad o cualquier otro organismo que desee presentarse y facilitar si existe algún pedido o sospecha sobre los 14 venezolanos y 5 iraníes.
Pese a que no existió ningún pedimento o prueba relevante contra los tripulantes y la aeronave, el pasado martes la fiscal Incardona imputó al piloto iraní y al resto de la tripulación.
“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga conforme las obligaciones del Estado argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, según la resolución de la fiscal Incardona.
Argentina: ciega y muda
El Gobierno argentino ha intentado minimizar el impacto de esta acción por parte de la justicia del país austral que podría derivar en un impasse diplomático con Irán y Venezuela debido a la retención de sus ciudadanos.
“Llegó un avión venezolano con el que no hubo ninguna irregularidad. A bordo del mismo había cinco personas iraníes, respecto de las cuales, hasta donde nosotros sabemos, no pesa ningún tipo de restricción. Tampoco respecto de los venezolanos”, declaró el presidente Alberto Fernández.
A las palabras del mandatario argentino se sumó el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, quien fue enfático al señalar que, al momento de ingresar a Argentina, no existían alertas rojas de Interpol ni ningún tipo de medida similar en contra de ninguno de los tripulantes.
Reclamo a Uruguay y Paraguay
Por su parte, Venezuela ha reclamado a Uruguay la negativa de recibir a la aeronave de siglas venezolana, indicando que esta acción puso en riesgo a la tripulación debido a la poca cantidad de combustible que la misma poseía al momento de serle revocado el permiso de aterrizaje en Montevideo.
“Una vez que aterrizaron, se pudo constatar que la aeronave contaba con tan solo 17.000 litros de combustible, muy por debajo de lo recomendado por el Procedimiento Operacional estandarizado de Emtrasur, el cual está establecido en 20.000 litros”, apuntaron en Comunicado emitido por la cancillería criolla.
El canciller uruguayo, Francisco Bustillo, respondió al gobierno Bolivariano que la razón es que se trata de un país soberano por lo que puede tomar las decisiones que crea convenientes.
El Gobierno uruguayo informó que fue Paraguay quien les dio aviso de los supuestos antecedentes del avión.
Esta acción por parte de Uruguay y Paraguay que puso en riesgo a la tripulación, sumado al silencio y ausencia de determinación que mantiene el Gobierno argentino, ponen en evidencia está nueva acción auspiciada por Estados Unidos cuyo denominador es la ilegalidad, el sometimiento de algunos Gobiernos al hegemón norteamericano y el descaro de un sistema judicial estadounidense que sigue promoviendo la extraterritorialidad de sus leyes.
REDACCIÓN MAZO