Publicado: 15/01/2025 09:00 PM

Rómulo Betancourt anunció: “Los Golpistas serán Barridos Implacablemente”

(EL NACIONAL, 12 de enero de 1960)

• El 11 de enero de 1960, Samuel Sánchez Álvarez, obrero de origen español, fue asesinado de un tiro en la sien efectuado por un agente de la Dirección General de Policía (DIGEPOL), frente al Teatro Boyacá, en la avenida Lecuna de Caracas.
• A raíz de las protestas surgidas por el despido masivo de trabajadores, decretado por el Ejecutivo Nacional, el gobierno, a su vez, ordenó “barrer implacablemente” a los manifestantes.
• Ese día, en asamblea plenaria, los trabajadores de la construcción se congregaron en la Casa Sindical de El Paraíso para protestar por la inesperada cancelación del Plan de Emergencia que dejó a miles de padres de familia sin medios para cubrir las necesidades diarias de sus hogares.
• Bajo estos términos, quedaron a merced del desempleo miles obreros de la construcción y trabajadores de la administración pública que fueron objeto de la medida de despido masivo decretada por Rómulo Betancourt.
• Desde la Casa Sindical las protestas desbordaron las calles solicitando la reanudación de las obras del gobierno anterior que fueron paralizadas para siempre.
• En las inmediaciones de la sede sindical fueron heridos de gravedad, por fuerzas conjuntas de la Digepol y la Guardia Nacional:
  • Carlos Bravo (17 años).
  • Simón Mata (16 años).
  • Jesús A. Urbáez (23 años).
  • Efraín Pérez (17 años).
  • Hrubry Vojtec (46 años).
  • Humberto Sosa S. (18 años).
  • José Isabel Navas (27 años).
  • Ricardo E. Medina (36 años).
  • Pedro M. Marrero (18 años).
  • Luis Alberto Ríos (18 años).
  • Francisco J. Zambrano (17 años).
• Tres de ellos fallecieron a los pocos días de ser abaleados.
• Al día siguiente, 150 de los miles de manifestantes detenidos fueron enviados desde La Carlota a las selvas guayanesas bajo régimen de trabajos forzados. Inaugurándose así el “hampoducto” hacia las Colonias Móviles de El Dorado.
• En menos de 24 horas, obreros, estudiantes y empleados públicos, fueron a dar al primer gran campo de concentración de la Cuarta República.
• Se violentaron así todas a las garantías procesales del derecho a la defensa, presunción de inocencia, derecho a la visita de familiares, derecho a ser juzgados imparcialmente por un juez natural y la designación de abogados para ventilar las causas de los detenidos.
• Desde Miraflores, la censura gubernamental ordenó la cortina de humo propalada por algunos medios impresos, radiales y televisivos, que no dudaron en adjetivar peyorativamente a los manifestantes tildándolos de delincuentes, golpistas y/o desadaptados sociales.
• Todo ello, en un intento de opacar la muerte del obrero Samuel Sánchez Álvarez, los heridos de gravedad que fallecieron poco tiempo después y la retaliación instaurada como política oficial del gobierno, mediante los campos de concentración.

REDACCIÓN MAZO