Atención a las víctimas de desastres... ¿Soluciones reales o asistencialismo?
Escucha esta noticia: 🔊
Tu navegador no muestra audio
MPPRIJP
Publicado: 17/07/2026 05:00 PM
Ante el ataque desproporcionado, a través de los medios de comunicación
nacionales e internacionales, sobre el manejo del evento natural sísmico vivido
el pasado 24 de junio en Venezuela, traemos en esta oportunidad un ejemplo de cómo Estados Unidos (EEUU) maneja este
tipo de crisis colectiva y su actuación respecto a la atención de las víctimas.
Es conocido que EEUU, siendo un país desarrollado y sin sanciones económicas de ningún tipo,
maneja las últimas tecnologías disponibles para atender emergencias asociadas a
diferentes desastres naturales, tales como incendios, terremotos, inundaciones,
entre otras. Sin embargo, aunque el apoyo a las víctimas es efectivo, durante
las tres primeras semanas luego de la tragedia, después del peligro, éstas quedan
a su suerte, buscando la manera de sobrevivir sin ningún apoyo del Gobierno de
turno para continuar una vida digna.
Durante la
primera mitad de 2026, EEUU ha estado marcado por tormentas
severas, inundaciones e incendios forestales; lo que ha dejado en evidencia que
el Gobierno asume el rol en la atención primaria asistencial y combina la
asistencia financiera directa desde la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA) y el despliegue de organizaciones como la
Cruz Roja Americana. Luego de que pasa la emergencia, se ralentiza la capacidad de
respuesta y atención efectiva a los afectados, es por esto que actualmente el
sistema de respuesta federal enfrenta intensos debates en el Congreso sobre la
necesidad de reestructuración y la simplificación de los trámites para los
damnificados.
De acuerdo a
la información del Manual de Preparación Comunitaria y el Manual
Digital de Conocimientos Prácticos Para Salvar Vidas del FEMA, que
contienen pautas, paso a paso, para prepararse y responder ante distintos
desastres, la atención de las víctimas en una emergencia se plantea de la
siguiente manera:
Vivienda y Refugios: De días a meses
El apoyo se establece por etapas y sus plazos son rigurosos:
Refugios comunitarios iniciales: Operan de
manera inmediata y suelen cerrar en un plazo de 2 a
4 semanas conforme las escuelas o estadios deben retomar sus actividades
normales.
Alojamiento Transitorio (TSA) en Hoteles: El FEMA
cubre los costos inicialmente por periodos de 14 a
30 días. Se puede autorizar una extensión de mes a mes si el mercado
inmobiliario local está completamente saturado y la víctima aún no consigue
adquirir una nueva vivienda.
Casas móviles y remolques de FEMA: El límite
legal estándar del Programa de Individuos y Hogares es de 18 meses. No obstante, ante catástrofes masivas de
gran impacto, FEMA suele aprobar prórrogas adicionales de 6 meses (como ocurrió con las familias afectadas
que habitan remolques estatales). Durante las prórrogas, se exige a los
ocupantes demostrar progresos en su plan de vivienda permanente.
Apoyo Laboral y Trabajo: Límite
semestral
El subsidio
económico para quienes perdieron sus empleos o negocios independientes está
diseñado como un puente corto:
La Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA)
tiene un límite máximo e improrrogable de 6 meses
a partir de la fecha en que se emite la declaración presidencial de desastre. Las
subvenciones para empleos temporales de limpieza comunitaria suelen durar entre
6 meses y un año, cesando en cuanto las
labores esenciales de remoción de escombros de la ciudad concluyen.
Atención Psicológica y Niños: Extensión a mediano
plazo
Los
servicios de asistencia social y salud mental comunitaria acompañan el proceso
de reconstrucción física:
El Programa de Consejería de Crisis (CCP)
financia el despliegue de psicólogos en las zonas afectadas habitualmente
durante 9 a 12 meses. En casos de traumas
comunitarios profundos de gran escala, los fondos federales se extienden hasta
un tope de 18 meses.
Los beneficios de asistencia financiera para
cuidado infantil y los subsidios escolares de emergencia se rigen bajo
la misma ventana de elegibilidad de los fondos de asistencia individual,
caducando por completo al cumplirse los 18 meses
del desastre.
¿Cómo se hace en Venezuela?
El Gobierno Bolivariano de Venezuela activó un plan de contingencia enfocado en asistencia socioeconómica directa, refugio temporal, apoyo psicológico y un plan de reconstrucción habitacional tras el devastador doble terremoto. Un país con más de 900 sanciones económicas, ante la emergencia implementó las siguientes políticas y acciones:
Campamentos transitorios: Son espacios de resguardo para las familias que perdieron sus hogares, alejándolos del esquema tradicional de hacinamiento, en el que garantiza su alimentación, aseo, descanso y salud física; acompañado de la Ruta de la Esperanza, un programa enfocado en brindar apoyo emocional, recreación y contención a los afectados, priorizando la atención a grupos vulnerables y niños. Actualmente se registran 107 campamentos transitorios activos que albergan de forma digna a cerca de 17 mil personas que perdieron la totalidad de sus hogares.
Estos espacios van de la mano con el Plan de Vivienda definitivo, que es
un cronograma nacional de reubicación habitacional con la proyección de nuevas
construcciones para sustituir los hogares colapsados.
Medidas Económicas y Sociales
Asignación
mensual directa: Se
aprobó un pago económico mensual por
los próximos seis meses destinado de forma exclusiva a las familias que
sufrieron el mayor impacto por la catástrofe.
Subsidios
hipotecarios:
Coordinación directa con la banca venezolana para habilitar la cartera de
créditos hipotecarios, otorgando subsidios
gubernamentales de hasta el 80% para la reparación o adquisición de
viviendas.
Créditos
para emprendedores:
El Banco Digital de los Trabajadores realiza censos en las comunidades afectadas para otorgar financiamientos especiales
transitorios que reactiven el comercio vecinal.
Creación de un fondo
financiero especial de reconstrucción que aspira nutrirse de
recursos bloqueados en el exterior, incluyendo la solicitud de liberación de
las 30 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra.
Atención Integral y Salud Mental
A través de la Ruta de la Esperanza, los afectados participan en un programa de salud mental y acompañamiento emocional que atiende inicialmente a más de mil 500 personas en los refugios, enfocado en tratar los traumas postraumáticos de niños y adultos mayores.
Cooperación
Internacional
El Gobierno
Bolivariano reafirmó que la planificación de la reconstrucción es competencia
exclusiva nacional, y mantiene reuniones estratégicas con agencias de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), expertos en construcciones antisísmicas y
delegaciones de varios países para la gestión técnica de escombros, asesoría y
programas de vivienda.
Para hacer
frente a estas inversiones, el Gobierno, una vez más, ha solicitado el
levantamiento de las sanciones económicas, la liberación de fondos retenidos en
el exterior y ha instado a la inversión de empresas nacionales y extranjeras,
así como la petición formal al Banco de Inglaterra para la liberación de 31
toneladas de oro retenidas, con el fin de destinar esos recursos a la crisis.
Infraestructura,
Limpieza y Logística
Se concretaron alianzas
técnicas y mesas de trabajo estratégicas con delegaciones de la ONU como la Oficina
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
y con el Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de
Desastres (UNDAC) e ingenieros internacionales para la recolección y
disposición segura de escombros y desechos en Caracas y La Guaira; además de la
coordinación con otras agencias de Naciones Unidas para la importación e
instalación de estructuras prefabricadas y el diseño de ciudades antisísmicas.
Ante los hechos, cuando se trata de la vida y de garantizar lo mínimo básico para un Pueblo incluso sancionado, los esfuerzos no solo se sujetan a los recursos disponibles y se evidencia que, aunque con pocos ingresos, el Gobierno Bolivariano es el único que puede ofrecer la tranquilidad que necesitan sus ciudadanos para afrontar la tragedia
AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO